31 Jul Cómo agilizar la ejecución de sentencias judiciales a través de su procurador
Si como abogado da por finalizado su encargo tras una sentencia favorable, probablemente está obviando el elemento más valioso para su cliente: la ejecución de la sentencia –generalmente cobrar.
Esto es porque, probablemente, acepta con hastío que la ejecución es un elemento que funciona mal y sobre el que no tiene control.
Pero hay formas de agilizar la ejecución.
Por qué es importante la ejecución de sentencias
La ejecución consiste en aquellas actuaciones para obtener el cumplimiento forzoso de una obligación surgida de un título ejecutivo.
Estos títulos ejecutivos son los documentos que permiten iniciar su ejecución, tales como sentencias, resoluciones arbitrales o judiciales, autos o decretos.
La ejecución forzosa de resoluciones judiciales es la fase decisiva para restaurar los derechos dentro del proceso. No basta con el reconocimiento del derecho proporcionado en la sentencia sino que es necesaria la efectiva realización de la misma cuando la parte ejecutada no la cumple de forma voluntaria.
En el actual modelo de ejecución existe un problema fundamental. Una vez reconocido el derecho es muy costoso, en términos de tiempo y dinero, obtener resarcimiento de los daños y, en realidad, solamente se acostumbra a obtener este de forma parcial.
Según Alonso-Cuevillas, la ejecución de sentencias es una de las asignaturas pendientes del sistema judicial español y uno de los principales motivos de quejas e insatisfacciones de los ciudadanos.
La mayoría de los operadores económicos se quejan, y con razón, de que deben impulsar un nuevo proceso para la ejecución forzosa de una resolución judicial una vez que los tribunales les dan la razón en primer lugar.
Un ejemplo claro de esta ineficacia es la estimación que aparecía en el estudio «¿Qué costes económicos y sociales comporta la ejecución de sentencias judiciales?” (Cuadernos de Estudios Empresariales 2004, de Peñaloza Figueroa y Vargas Pérez) sobre los costes económicos de la ejecución de sentencias judiciales. Según este sólo se cobraban el 15% de los importes ejecutados judicialmente, tardando del orden de un año y medio y con una inversión en torno del 40 al 50% de la suma recuperada.
En resumidas cuentas, la ejecución es poco más que una ruina para el ejecutante, que parece que emprenda la acción judicial más para resarcirse moralmente que económicamente.
Un estudio, todavía no presentado, elaborado por AQR Lab (de la Universitat de Barcelona) y coordinado por la Cambra de Comerç de Barcelona evalúa el impacto económico de tener una ejecución deficiente con datos de Cataluña.
Según los datos provisionales de este estudio, pasar de una recuperación de las cantidades demandadas del 16,5% (la existente en 2013) a un 30% supondría recuperar 887,4 millones de euros más, aumentaría la inversión hasta en 213 millones de euros, el empleo en 2.422 personas y aumentaría el PIB en 160,3 millones de euros. Y esto solamente en Cataluña.
La escasa efectividad en la ejecución provoca una incertidumbre en las empresas y ciudadanos y una mayor inseguridad jurídica. Esto se traduce en una mayor prima de riesgo que se aplica en las operaciones de crédito, ya sea el que realizan las entidades financieras o por el realizado por las empresas en forma de pago aplazado de las transacciones comerciales.
Este mayor prima de riesgo significa un encarecimiento –explícito o implícito- del crédito lo que limita su volumen y acaba elevando los precios de los productos y servicios, desanimando, como efecto, las inversiones y la contratación. En resumen, una ejecución ineficaz restringe el crecimiento económico y la prosperidad en general.
Qué problemas hay en la ejecución de sentencias
La lentitud de la ejecución de resoluciones judiciales se deriva de una serie de causas bien conocidas:
- La congestión de los órganos judiciales.
- Un proceso de ejecución judicial burocratizado y reactivo, y un período de espera demasiado largo en determinadas situaciones, en la que el avance del proceso debe impulsarse activamente en cada fase mediante autorizaciones explicitas a su inicio en lugar de ejecutarse automáticamente hasta que aparezcan incidencias.
- La percepción equivocada de diversos operadores -abogados, jueces, secretarios judiciales, etc.-, que conciben que su trabajo finaliza con la sentencia. Pero realmente el trabajo finaliza con la satisfacción de la parte ejecutante.
- Un garantismo en exceso hacia el ejecutado, en perjuicio de la parte ganadora.
- El galimatías de las subastas telemáticas.
El resultado de todo esto es que el justiciable que necesita la tutela de sus derechos a través de la ejecución se ve empoderado por el procedimiento judicial.
Propuestas para la mejora de la ejecución de sentencias
En este contexto, el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya proponía en su plan estratégico presentado en febrero de 2014 que los procuradores puedan realizar un papel más activo en la ejecución de las resoluciones judiciales para agilizarla y ayudar a reducir el impacto económico negativo del sistema actual.
Estaría inspirada en la figura del huissier de justice francés, una figura que está dotada de potentes funciones en materia de ejecución y que consigue una más que notable eficacia y rapidez en la misma.
La propuesta de la procura apuesta por la existencia de un operador privado que actúe bajo la tutela judicial y en apoyo a la misma, como forma de agilizar la ejecución y esquivar el siempre complejo problema de la saturación judicial.
Aparte de éstas, existe en la actualidad la posibilidad de que los Colegios de Procuradores actúen como entidad especializada para la realización de subastas, pero esta es una función no desarrollada en el momento actual.
Cómo conseguir una ejecución de sentencias más rápida en el momento actual
La parte ejecutora puede conseguir una mejor ejecución en el momento actual sin esperar la materialización de las propuestas existentes.
Existen en la actualidad mecanismos, no del todo utilizados, para acelerar la ejecución de las sentencias.
Aquí el procurador puede ser de gran utilidad a través de diferentes funciones para el impulso procesal de la ejecución. El seguimiento del estado del expediente de ejecución y la rápida resolución e incidencias son un aspecto destacado para evitar que el procedimiento entre en un sumidero en el que se atasque y que, por descuido, tarde en ser detectado.
Otras funciones que el procurador puede realizar y entre las que se encuentran la realización de:
- El requerimiento de pago.
- La diligencia de embargo.
- Medidas de garantía del embargo.
- Determinadas diligencias de ejecución, como las de posesión.
A través de actuaciones como las anteriores puede obtener una ejecución de resoluciones judiciales más rápida sin esperar a reformas legales.
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